Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional
La violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de una democracia que cumplirá 35 años el próximo diciembre. El terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente en la etapa de la última dictadura cívico-militar no logró desandarse fácilmente con la llegada de la democracia en 1983.
En el mismo período en el que el Estado argentino aprobaba las “leyes de impunidad”, la Ley de Punto Final en 1986 y la Ley de Obediencia Debida en 1987, en la localidad de Budge, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires asesinaban a tres jóvenes en una esquina, inaugurando así uno de los principales desafíos de la democracia: la violencia institucional.
La Masacre de Budge fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En memoria de estos hechos, el 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional (Ley Nº 26.811). En correlato con esta ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los “establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
Transcurrieron 31 años y muchos hechos similares que, con la complicidad del poder judicial y el paraguas político, se llevaron la vida de cientos de jóvenes, la mayoría provenientes de estratos sociales vulnerables. Estas historias, dolorosas por donde se las mire, parieron naturalmente formas de organización barrial y territorial que se fueron empoderando al fragor de la lucha por verdad y justicia.
A escala local, en los últimos años se han conocido en Rosario numerosos episodios de torturas, desapariciones forzadas y muertes en las que se vieron involucradas las fuerzas de seguridad. Se trata de los casos de Franco Casco, Gerardo “Pichón” Escobar, Jonatan Herrera, Jonathan Ojeda, Brandon Cardozo, Iván Mafud, Alejandro Ponce, Alexis Berti, Maximiliano Zamudio, Carlos Godoy, Michel Campero, María de los Ángeles Paris, Cristian Gabriel Ordóñez, David Campos y Emanuel Medina, entre otros.
A raíz de estos hechos, los reclamos han sido encabezados por agrupaciones de familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y mulitisectoriales que trabajan permanentemente en la búsqueda de verdad y justicia y en la exigencia de políticas públicas que deriven en la prevención, detección y sanción las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y otras instituciones del Estado.
Por Memoria, Verdad y Justicia, el Nunca Más de hoy es ni un pibe, ni una piba menos.