–¿Qué eran los bichos verdes? –preguntó un fiscal en la audiencia.

–Yo no lo entendí en ese momento –dijo la mujer–. Pero fui y le dije a la gente. Hice una reunión en la sección, había unas treinta personas, compañeros míos. Les explicamos.

Dora tosió. Miró a los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín. Les dijo que estaba un poco nerviosa. Tomó agua. Un juez anotó algo en un papel.

La medida continuó. Lozadur cerró las puertas el 18 octubre de 1977. Quince días más tarde, “los bichos verdes” secuestraron a siete trabajadores: entre otras, golpearon las puertas de la casa de Dora y de Pablo. Pablo salió del cuarto y no volvieron a verlo. Tenían una hija y Dora llevaba un embarazo de tres meses.

Ella fue convocada esta semana a dar testimonio en el juicio oral de San Martín, que reconstruye los crímenes de 67 trabajadores navales, ceramistas y metalúrgicos secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar. La mayor parte eran delegados y allegados a las comisiones internas de distintas fábricas de la zona norte. Dora sabe que la fábrica cerró y volvió a abrir meses más tarde. Pablo ya estaba desaparecido. Ella volvió a trabajar, llevaba siete u ocho meses de embarazo.

El juicio

El debate se conoce como el Juicio a los Obreros. La mayor parte de las víctimas son trabajadores de los astilleros y de los ceramistas que eran los gremios más combativos de la zona norte, y desde donde impulsaron la Coordinadora Fabril de 1975 con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical, explicó el abogado Pablo Llonto. Durante las primeras semanas del juicio se reconstruyeron los secuestros de los astilleros de Mestrina y Astarsa. La semana pasada los testimonios avanzaron en torno de los ceramistas de Lozadur y de Cerámicas Cattáneo, las dos fábricas de cerámicas más grandes de la zona. Lozadur con mas de 1000 personas y Cattáneo con mas de 500. El 27 de octubre se produjeron cuatro secuestros en Cattáneo, tres en la planta. Y entre el 1º y el 2 de noviembre se llevaron a los siete de Lozadur de sus casas.

En este juicio se juzga la responsabilidad de cuatro militares, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reinaldo Benito Bignone como responsables de Institutos de Comandos Militares de Campo de Mayo. No se juzga aún a los responsables civiles, propietarios o gerentes de las fábricas, pero esas responsabilidades quedan expuestas en cada audiencia porque los testimonios suman datos.

Uno de los aportes del martes fue sobre la presencia de “infiltrados” de la policía dentro de la fábrica y en el gremio.

Lozadur y Cattáneo pertenecían al mismo sindicato Filial 2 de Villa Adelina. El martes declaró José Alonso, ex trabajador de Cattáneo. “El sindicato fue intervenido y fue organizado desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas”, dijo. Ellos pusieron “personas que estaban infiltradas en los lugares de trabajo, en muchos casos para interrogarlos y en muchos casos para hacerlos desaparecer, no fue inmediato, sino que lo hicieron paulatino”.

En esa audiencia declararon otros familiares de desaparecidos. Entre otros, Dora, que también era trabajadora de esas plantas. Esos testimonios acentuaron la relación entre el conflicto gremial y las desapariciones posteriores.

Pablo Leguizamón era trabajador de FATE, hacía el turno noche y estaba casado con Sofía Cardozo, trabajadora de Lozadur. Fue convocado para hablar del secuestro de su esposa. Vivían en Don Torcuato. Sofía es una de las cuatro mujeres que hay entre los siete desaparecidos de la fábrica, un número que da cuenta también de la presencia mayoritaria de mujeres dado que eran más del 50 por ciento. El 2 de noviembre de 1977, cuando él volvía al barrio a las siete menos cuarto de la mañana, uno de los vecinos salió a su encuentro para darle la noticia. Los “bichos verdes” se habían llevado a Sofía y tiraron a su hija Amalia, de dos años, en la puerta de un vecino.

Pablo dijo todas las palabras como pudo, apretadas, apuradas. “Lo que pasa es que me pasa esto cuando empiezo a hablar de estas cosas de mi señora”, explicó. “Le pasó lo que le pasó por decir la verdad. Ese fue el delito de mi señora, decir la verdad, por eso yo quiero justicia.”

–¿Y cuál era esa verdad? –le preguntó la fiscalía.

–Mi señora iba al trabajo, hablábamos: “Mirá que está pasando en todos lados esto de los secuestros”. Nuestra política es decir la verdad y trabajar, esa es nuestra política. No teníamos nada más que un ranchito. Vivíamos con la criatura.

Muchos de estos relatos son nuevos y para muchos son nuevas las posibilidades de decirlos en voz alta. A partir de 2009, un grupo de familiares se dio cuenta de que podían imaginar un juicio por sus seres queridos. En ese contexto rastrillaron el territorio. Dora es una de esas mujeres reencontradas años más tarde. Con ella, también se acercó una de sus hijas. “En el año ’90 yo cumplía quince años, señores”, dijo su hija, Marisa Alejandra, a los jueces. “Una chica de 15 lo que quiere es su fiesta, pero ese día yo esperaba que mi papá abriera la puerta y llegara. Eso es lo único que yo quería –dijo–. Y ese día, cuando a la noche él no llegó, yo supe que no iba aparecer nunca más.”

Millarck debería estar sentado entre los responsables de los crímenes, pero no está: “No llegamos a tiempo”, dice Liliana Giobanelli, esposa de uno de los desaparecidos. Murió el 24 de diciembre de 2012.

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